Morsan ITF Ley Tobin

Impuesto sobre las Transacciones Financieras

Ley 5/2020, de 15 de octubre

El Boletín Oficial del Estado del 16 de octubre ha publicado la Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), también conocida como tasa Tobin. En su preámbulo o exposición de motivos se indica, qué, ante la falta de Directiva europea sobre la implantación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), España ha legislado un ITF con una configuración muy similar al impuesto introducido en Francia o en Italia.

La amplitud del ámbito de aplicación del ITF, que puede afectar a cualquier intermediario financiero que participe en la adquisición de algunos valores mobiliarios, hace que la operativa de presentación e ingreso del ITF pendiente de desarrollo reglamentario sea especialmente relevante para aquellos intermediarios financieros no residentes en España. Además, se deberá estudiar su efecto en las potenciales operaciones societarias que realicen las empresas cuyas acciones sean objeto de este tributo.

El ITF entrará en vigor transcurridos tres meses desde su publicación en el BOE, es decir el 16 de enero de 2021.

El ITF grava con un tipo del 0,2% (artículo 7 de la Ley) las adquisiciones onerosas de acciones de sociedades españolas que estén admitidas a negociación en un mercado español, un mercado regulado de la Unión Europea o un mercado considerado equivalente en un tercer país siempre que el valor de capitalización de la sociedad a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición sea superior a 1.000 millones de euros.

Además, según el artículo 2 de la Ley, el ámbito del impuesto se extiende, entre otras, a la adquisición de acciones que deriven de la ejecución o liquidación de obligaciones, bonos convertibles o canjeables y de los certificados de depósito representativos de dichas acciones.

La Ley declara exentas, según el artículo 3 de la Ley, entre otras, determinadas operaciones del mercado primario (como la emisión de acciones y las ofertas públicas de venta de acciones) así como aquellas adquisiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones por parte de las entidades colocadoras o cuyo fin es favorecer la liquidez de los mercados. También, las adquisiciones de autocartera o de acciones de la sociedad dominante de un grupo ejecutadas en el marco de un programa de recompra para la amortización de esas acciones propias, el cumplimiento de obligaciones inherentes a los instrumentos de deuda convertibles o derivadas de planes de incentivos para empleados.

A diferencia de la propuesta inicial de ITF de la Directiva, este impuesto se aplica con independencia del lugar donde se efectúe la adquisición y cualquiera que sea el lugar de establecimiento o residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación de adquisición de las acciones.

Su devengo, artículo 4 de la Ley, tendrá lugar en el momento en el que se efectúe la anotación registral de la adquisición mientras que el periodo de liquidación será mensual.

Con carácter general, según el artículo 5 de la Ley, la base imponible del impuesto será el importe de la contraprestación sin incluir los gastos asociados a la transacción o, en defecto de precio, el valor de mercado.

El contribuyente del impuesto, según el artículo 6 de la Ley, son las personas o entidades que adquieran estas acciones. No obstante, el sujeto pasivo del impuesto lo constituyen las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito que realicen la adquisición de las acciones por cuenta propia o, como sustitutos del contribuyente, los intermediarios financieros que participen en la operación.

Si bien el procedimiento de presentación e ingreso del ITF está pendiente todavía de desarrollo reglamentario, la Ley prevé que dicha presentación se deba efectuar, en los casos que se indiquen en el futuro Reglamento que regule el ITF, por el depositario central de valores establecido en territorio español o incluso por depositarios centrales de valores establecidos en otros Estados de la UE o reconocidos para prestar servicios en la UE mediante acuerdos de colaboración suscritos con el depositario central de valores español. En el artículo 8 de la Ley se legisla sobre la obligación de declaración e ingreso y obligaciones de documentación.

Por ultimo, en el artículo 9 de la Ley se dispone sobre las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en su normativa de desarrollo se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria