Morsan Ley Concursal

Texto refundido de la Ley Concursal

El próximo 1 de septiembre entrará en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal que fue publicada en el BOE el pasado 7 de mayo de 2020, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. Supone la derogación de la, ahora vigente, Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio).

El RD Legislativo, aprobado a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene un solo artículo, por el que se aprueba el texto refundido, incorporado como anexo, pero cuenta con disposiciones adicionales y una transitoria.

Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, hasta hoy, el texto legal ha sido objeto de varias reformas con el objetivo de:

  1. adaptar o aclarar la norma a los diversos problemas interpretativos derivados de su aplicación práctica,
  2. implantar mecanismos dirigidos a proteger el tejido empresarial, sobre todo a raíz de la crisis financiera de 2008, solventando las insuficiencias y defectos advertidos.

HISTORIA DE LA LEY CONCURSAL

La primera reforma de la Ley Concursal fue introducida por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo de 2009 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. La reforma contenía un conjunto de medidas económicas y fiscales de diversa naturaleza, todas ellas relacionadas con la situación de crisis. Entre otras modificaciones, se trató de agilizar los procesos concursales para las empresas grandes y facilitar la liquidación.

La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Que entró en vigor el 1 de enero de 2012). Aparece la posibilidad de acuerdos de refinanciación y la posibilidad de concluir el concurso en el mismo auto de declaración.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Entró en vigor el 29/9/2013). Esta legislación tenía como objetivo facilitar la iniciativa emprendedora en general. Algunas medidas se refieren específicamente al proceso concursal, como la creación del acuerdo extrajudicial de pagos, que conllevó la designación de un mediador encargado de llevar la negociación. Esta medida pretendía fomentar la «segunda oportunidad». También se modifica la Ley Concursal en lo referente a la refinanciación con las reducciones de las mayorías exigidas para la homologación del acuerdo.

En 2014 se reforma la Ley Concursal para intentar aumentar la viabilidad de las empresas inmersas en procesos colectivos, en parte respondiendo a las peticiones del FMI y otras instituciones internacionales que reclamaban una agilización de los procesos concursales para favorecer la segunda oportunidad y la renovación del tejido empresarial. El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo (Ley 17/2014, de 30 de septiembre), por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, tiene como objetivo evitar la entrada en concursos o liquidación a través de acuerdos de refinanciación previos. El Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal introduce cambios en materia de convenio y de liquidación concursal para favorecer la continuidad de empresas viables

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social entró en vigor el 30 de julio. Los principales objetivos son: crear un mecanismo de segunda oportunidad y otorgar mayor protección a los deudores hipotecarios. Asimismo, se modifican las condiciones del acuerdo extrajudicial. Ley 9/2015, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal entrada en vigor el 27 de mayo. Esta ley mantiene en líneas generales la normativa que introdujo el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre. Las principales novedades son:

  • Ampliación de las funciones de carácter informativo de la administración concursal,
  •  Inclusión en el quorum para la constitución de la junta de acreedores a los acreedores privilegiados  
  • Cambios en las reglas de liquidación.

El 22/11/2016, la Comisión Europea publicó una propuesta de directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la Directiva 2012/30/UE. Esta directiva tiene como objetivos homogeneizar las legislaciones y facilitar la reestructuración de las empresas inmersas en un procedimiento concursal.

En Marzo 2019, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Empresa presentan el proyecto de Texto Refundido de la Ley Concursal, modificada por 28 reformas desde 2003.

En Abril 2019, se adopta la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración. El objetivo general del texto es reducir los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales derivados de las diferencias entre los Estados miembros en materia de marcos de insolvencia y mejorar la cultura del rescate en la UE. El plazo de adaptación es de 3 años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La acumulación de reformas motivó que la Disposición Final 8ª de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, autorizara al Gobierno para elaborar y aprobar (a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Competitividad) un texto refundido de la normativa vigente en la actualidad, que permitiera consolidar en un único texto las modificaciones existentes y servir de aclaración a determinados preceptos cuya redacción, o bien daba lugar a criterios jurisprudenciales y doctrinales contrapuestos, o bien había sido interpretada por la jurisprudencia consolidando un criterio unificado. El plazo para tal ingente tarea era de 12 meses. En palabras de la Exposición de Motivos del Texto Refundido de la Ley Concursal “esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos”.

Ante su falta de aprobación, finalizado el plazo previsto en dicha norma, y habida cuenta de la dimensión del encargo, se incluyó en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales una Disposición Final 6ª que habilitaba un nuevo plazo de ocho meses para su aprobación. La ley 1/2019 entró en vigor el 13 de marzo de 2019, por lo que los ocho meses se cumplieron el 13 de noviembre de 2019. La deliberación del Consejo de Ministros, su aprobación y refrendo por el Rey se produjeron el 5 de mayo de 2020, es decir, cerca de seis meses después de vencido el plazo concedido por el Poder Legislativo en la Ley 1/2019.

TEXTO REFUNDIDO

Finalmente, la aprobación y publicación del mismo ha tenido lugar en un escenario bastante complejo, por la crisis sanitaria actual, dando lugar a un texto normativo que ha pretendido reestructurar y sintetizar una amplia sucesión de modificaciones legislativas y criterios jurisprudenciales que han venido conviviendo en el mundo de la pre insolvencia y de la insolvencia.

El texto refundido se divide en tres libros:

  • El Libro Primero, “Del concurso de acreedores”, es el más extenso (582 artículos), con una sistemática muy diferente de la que tenía en la Ley de 2003.
  • El Libro Segundo, “Del derecho preconcursal”, está dedicado al derecho tradicional de la insolvencia, manteniendo la terminología.
  • En el Libro Tercero se incluyen las normas de derecho internacional privado, ganando rango, pasando de título a libro, que se justifica porque el nuevo Reglamento (UE) 2015/848 es de aplicación no solo a los concursos de acreedores, sino también a los “procedimientos” que el texto refundido agrupa en el libro II

Pero con este texto refundido no concluye el proceso de reforma del derecho de la insolvencia, pues España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que tiene como objetivos:

  • establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia,
  • modificar la regulación de los procesos de reestructuración preventiva de las deudas,
  • simplificar el derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes,
  • y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de deudas.

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